Tras el "regalo" de la Justicia: Milei amenazó con "quemar" a quienes investiguen la criptoestafa

El cierre exprés "regalado" por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en la investigación por la criptoestafa $Libra fue utilizado como plataforma por Javier Milei para revalidar el odio más virulento de su disputa contra la prensa. Durante la cena de la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero, el presidente celebró el vergonzoso fallo que lo desvinculó de la causa (sin siquiera una sola indagatoria a alguno de los imputados), y volvió a arremeter con uno de sus violentos ataques públicos contra quienes no aplauden sus delitos.

En su discurso, acusó a los medios de haber montado una conspiración destituyente y sentenció que “intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron”.

Lejos de encauzar su descargo en términos institucionales, el economista apeló a una retórica de escarmiento físico y castigo violento contra la labor de investigación periodística. “Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad; tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos”, vociferó ante la cúpula de su Gabinete, empresarios e invitados del think tank libertario que pagaron hasta 300 mil dólares para asistir al ágape derechoso. Acto seguido, remató con una advertencia que generó repudio generalizado: "Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta".

En su alocución, el mandatario le puso nombres propios a la diana del oficialismo. Tildó de "ensobrados, corruptos y mercenarios de la mentira" a periodistas como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Natalia Volosin, Paulino Rodrígues y Luis Novaresio, responsabilizándolos por las revelaciones sobre el caso $Libra y acusando al Grupo La Nación de intentar "extorsionar al Gobierno y evadir impuestos".

Las declaraciones presidenciales provocaron la inmediata reacción del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que denunció una “escalada de violencia sin precedentes” y advirtió sobre el peligro real que implica recurrir a imágenes punitivas como la inquisición o el fuego público. Desde la entidad remarcaron que el sobreseimiento judicial no anula la legitimidad del interés público sobre la conducta de los funcionarios y recordaron que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger a los comunicadores, en lugar de convertirlos en el blanco de odio del Poder Ejecutivo.

Ante los cuestionamientos que persisten en la sociedad y el inocultable impacto del ajuste económico, Milei opta por replegarse en su núcleo identitario más duro, convirtiendo el odio explícito en su principal herramienta de propaganda y combate político.