Piden la detención de Adorni en el marco de una nueva denuncia por presionar a un testigo

La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo de alto voltaje político. La diputada nacional Marcela Pagano presentó ante el juez federal un pedido de detención inmediata del funcionario, al que acusa de haber intentado entorpecer la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Cuando tenés un funcionario con poder hay que mirar dos cosas: el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. En este caso me baso en la doctrina que ya aplicó Comodoro Py en otras oportunidades”, señaló Pagano, en referencia a la denominada “doctrina Irurzun”.

Según la legisladora, la gravedad del caso radica en la conducta atribuida al propio jefe de Gabinete frente a un testigo clave. “Esto debe ser tomado en cuenta tratándose del tercer cargo más importante del país. El entorpecimiento aparece cuando el testigo advierte que fue contactado antes de declarar y que le ofrecieron beneficios a cambio de borrar elementos probatorios”, afirmó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de una medida urgente. “Le cabe esta medida. Lo que estoy planteando es también la protección del testigo, que reconoce haber sido presionado. Estamos ante un intento de interferir en el normal funcionamiento de la Justicia”, sostuvo.

Señalamientos sobre presión a testigos
El eje de la acusación se centra en el vínculo entre Adorni y Matías Tabar, contratista encargado de refacciones en una de sus propiedades. De acuerdo con la presentación judicial, el jefe de Gabinete se habría comunicado con él poco antes de su declaración testimonial.

Pagano sostiene que, en ese contacto, el funcionario le ofreció “ayuda” y el acceso a su equipo, al tiempo que le habría pedido borrar mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos. Para la diputada, estos hechos configuran un intento concreto de interferir en la producción de prueba.

Como respaldo jurídico, invocó la “doctrina Irurzun”, que habilita la prisión preventiva de funcionarios en ejercicio cuando su posición de poder podría afectar el avance de una investigación.

Un patrimonio bajo la lupa
El pedido de detención se da en el marco de una causa que investiga el patrimonio de Adorni. Según el expediente, acumula gastos y deudas por más de 800 mil dólares, sin correlato claro con sus ingresos.

Entre los puntos observados aparecen refacciones por unos 245 mil dólares en efectivo en una propiedad del country Indio Cua, viajes al exterior con altos costos y un esquema de préstamos de particulares -incluidos jubilados y policías- en lugar de créditos bancarios.

“Hay números que no cierran y movimientos que deben ser explicados”, resumió Pagano.

Declaraciones juradas y tensión política
La investigación también detectó omisiones en sus declaraciones juradas, como bienes que fueron incorporados recién cuando la causa ya estaba en curso. Para la diputada, esto refuerza la necesidad de avanzar en la causa.

Consultada sobre el plano político, Pagano apoyó el pedido de moción de censura: “Eso debería haberse hecho hace mucho tiempo. Me sumo y lo impulso”.

Con el expediente en marcha y el pedido de detención presentado, la situación judicial del jefe de Gabinete entra en una etapa decisiva.