Denuncian que el Gobierno vendió AySA por lo que factura en tres meses

El diputado Guillermo Michel reclamó una auditoría integral para el proceso de privatización de AySA para revisar la venta "desde el punto de vista financiero y de gestión" y determinar "cómo fue el proceso de pliegos".

Para el legislador, la empresa está "totalmente mal vendida o regalada". El argumento es que la empresa ganó, en términos operativos, USD 273 millones y el gobierno acaba de vender el 90% de su paquete accionario por USD 340 millones.

En declaraciones a Radio 10, Michel planteó: "AYSA tiene 4 millones de usuarios, es decir, 4 millones de conexiones. Si tomamos un número redondo de USD 400 millones, quiere decir que por cada usuario, por cada conexión, estás pagando USD 100. ¿Y sabés cuál es la facturación promedio por usuario? USD 35". "Esto significa que transfirieron las acciones de AYSA a un grupo inversor, dándole la concesión por 360 meses y vendiendo esa empresa por 3 meses de facturación", indicó para dar cuenta de que "con 3 meses de facturación, paga el costo de la privatización".

Otro de los aspectos problemáticos señalados durante el reportaje fue el de la composición accionaria del holding que se hizo cargo de la empresa. El peronismo apuntaba al misterioso fondo offshore que armaron los empresarios Mauricio Filiberti y Walter Román.

Además de los dueños de Transcolor y la constructora Rowing SA, propiedad de Filiberti y Román respectivamente, el consorcio se completa la brasileña Arcos, que opera el servicio de agua en Río de Janeiro, y un misterioso fondo de inversión PHX que se quedó con el 55%. Filiberti tomó el 10%, Román el 20% y Arcos el 15%.

Para colmo, PHX era una firma totalmente desconocida, aunque según el diario La Nación estaría controlada de forma subterránea por Filiberti y Román. Pero, además, ese sello se constituyó el 18 de agosto pasado, con una acción de una libra que no fue pagada, registrada en la misma oficina que Rochester Holdings, otro fondo de Filiberti. La maniobra fue apenas unos días antes que se concretara la operación de compra de AySA.

En ese contexto, Michel advirtió que hay que pensar en los "16 millones de usuarios que utilizan el servicio de agua y cloaca". "¿Qué van a hacer cuando les corten el servicio? ¿Qué van a hacer esos vecinos cuando apliquen un aumento fenomenal de las tarifas, que lo van a empezar a aplicar ahora? ¿A quién le van a ir a reclamar? ¿Le van a mandar una carta documento al fondo de inversión holandés?", preguntó.

El diputado explicó que, además de la auditoría integral que reclama, ya están en marcha dos acciones judiciales, impulsadas por diputados y senadores que integran la Bicameral de Servicios Públicos en el Congreso. "Hay una acción iniciada en la Justicia Contencioso Administrativa y otra en la Procuración de Investigaciones Administrativas para investigar todo este proceso", dijo.